Escrito por:
Ricardo González (Estudiante de derecho UNIBE)
“Tan sólo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. El hombre no es más que lo que la educación hace de él”. Así sentenciaba, con asaz certeza, el influyente pensador alemán Immanuel Kant (el lúcido y crítico Kant) sobre la trascendencia de la educación. Hoy, más de 200 años después, su pensamiento se perfila más incuestionable que nunca. El empirismo ha demostrado en reiteradas ocasiones que un desarrollo económico, social y cultural íntegro es asequible sólo por medio de la educación, y que la ausencia de ésta es el catalizador de tantos males contemporáneos. La ignorancia, en contraste, es el artilugio por antonomasia de todo gobernante que procure reprimir y abusar de los suyos, pues “un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción”.[1] Existe una ilación directa entre el crecimiento y la estabilidad de las naciones, y la calidad de su sistema educativo; mas el desembolso de República Dominicana en este aspecto ha sido siempre frugal, si acaso mezquino, y en todo caso, insuficiente. ¿Será mera indiferencia, negligencia de parte de nuestros líderes? ¿O un ardid político digno de Maquiavelo para mitigar al pueblo?
La inversión dominicana en materia educativa podría ser calificada de procaz, al punto que viola la Ley General de Educación 66-97, del 4 de febrero de 1997. Dicha norma, en su artículo 197, establece: “El gasto público anual en educación debe alcanzar en un período de dos años, a partir de la promulgación de esta ley, un mínimo de un dieciséis por ciento (16%), del gasto público total o un cuatro por ciento (4%) del producto bruto interno (PBI) estimado para el año corriente”.
Sin embargo, año tras año la ley es ignorada, y permanece como un ornamento más en la legislación dominicana. Para 2006, la educación recibió apenas 2.3% del PIB, equivalente a 9.3% del gasto público. Además, desde 1970 no sobrepasa el 3% del PIB. Evaluaciones de la Secretaría de Educación indican que el país requería una inversión de alrededor de US$810 millones para el año escolar 2005-2006 y US$901 millones para el siguiente. Fueron utilizados US$536 millones y US$624 millones, respectivamente (Pina 2006).
El país es uno de los pocos de América Latina que aún no alcanza el 4% del PIB destinado al sector educativo; como resultado, el sistema se ha desplomado y somos testigos del fracaso colectivo de la institución escolar dominicana. Los indicadores educativos del país son aciagos, los peores de la región. La mayoría de los niños que concluyen la educación básica no saben leer ni escribir al nivel esperado (Hernández 2008a). Nuestro país tiende a obtener bajísimos niveles en las mediciones internacionales. En 2006, la UNESCO auspició y administró una prueba de rendimiento académico denominada SERCE; República Dominicana obtuvo los resultados más pobres. Y es que esta mediocridad ha sido arrastrada por décadas. Un estudio cualitativo de 1983 sobre el rendimiento de los estudiantes de cuarto grado de básica, demostró que éstos tenían competencias propias del segundo grado de básica, es decir, un déficit de aprendizaje de dos años de escolaridad (Hernández 2008b).
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