GRED-UNIBE

Grupo de Estudiantes de Derecho de la Universidad Iberoamericana

Del Poder Judicial Dominicano y la Reforma Constitucional

Escrito por:
Javier Cabral (Estudiante de Derecho,
Comité de Tecnologías de la Información y la Comunicación GRED-UNIBE)

2595662424_44df319bf6_bLa República Dominicana se institucionalizó como Nación republicana, libre y soberana a razón de la Constitución de San Cristóbal del 6 de noviembre  de 1844. En dicho documento se estableció que el mecanismo de la gobernabilidad y el funcionamiento del Estado dominicano descansaría en la separación y el equilibrio de los poderes estatales (legislativo, ejecutivo y judicial). No obstante, no fue hasta casi 150 años después, a razón de la reforma constitucional de 1994, que en la actualidad nos podemos referir a un Poder Judicial Dominicano que intenta ser independiente, autónomo y democrático.

Posiblemente, en los últimos 12 años de los 165 años que responden al marco temporal de existencia de nuestra República; se han concentrando los mayores esfuerzos por dotar al Poder Judicial Dominicano de la verdadera funcionalidad del mismo. Esta funcionalidad se encuentra consignada en nuestra Constitución vigente y las diversas legislaciones complementarias, en la cual se establece que, dicho poder es la institución del Estado encargada de administrar la justicia a través de sus distintos órganos especiales y jerárquicos denominados tribunales, asegurando como consigna principal la garantización, protección y exigibilidad de los derechos que se hayan contenidos en nuestro ordenamiento jurídico. De igual manera, como es bien sabido, la Suprema Corte de Justicia es la magistratura judicial más alta de nuestro país y ejerce las principales funciones de jerarquía del Poder Judicial Dominicano. En ese sentido, la Corte Suprema ha tenido una funcionalidad jurisprudencial muy activa en los últimos años, y esto añadido a las nuevas legislaciones, el Poder Judicial Dominicano se ha visto ampliamente reforzado, afirmando su independencia y equiparándose a los dos poderes restantes, los cuales lo aventajaban en fortaleza. A su vez, la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura ha formado una nueva camada de jueces excelentemente preparados para sus funciones jurisdiccionales.

No obstante, este relativo período de “éxito” funcional no siempre ha sido así. Afirmaba el Dr. Wenceslao Vega en su obra Historia del Poder Judicial Dominicano, que dicho poder del estado, en el transcurso de los siglos de vida de nuestra Nación, fue el más frágil de los tres, así como también, estuvo en vuelto en grandes avances y a su vez, prolongados anquilosamientos, mermado siempre por la escasez de recursos a causa de la inferencia del Poder Ejecutivo, en especial durante las últimos décadas del siglo pasado. No obstante, no es hasta la reforma constitucional de 1994, de la cual ya me había referido, que el panorama judicial dominicano cambia drásticamente y a su vez, el mismo pueblo dominicano ha demandando vorazmente el acceso a la justicia, y sobre todo, a un debido proceso eficiente, lo que ha recalado en que la actualidad a pesar de ciertos lagunas, el sistema judicial dominicano ha sido modernizado y reformado en busca de un mayor optimismo en el presente y en el futuro en lo que se refiere a la administración de la justicia en la República Dominicana.

Dicha reforma y modernización, iniciaron en el año 1997, cuando se implementó lo que disponía la modificación constitucional de tres años antes. No obstante, muchos consideran, al igual que el Dr. Vega en su obra Historia del Derecho Dominicano, que “las modificaciones hechas a la Constitución en el 1994 se hicieron con premura y para resolver problemas nacionales urgentes y coyunturales, por lo que desde el mismo momento de su puesta en vigencia, surgieron movimientos para realizar a nuestra Carta Magna modificaciones más profundas y mejor hechas”. A pesar de que en este cita el Dr. Vega se refiere a la modificación constitucional del 2002, perfectamente pudo y fue  utilizado este alegato, que no es erróneo, para modificar la misma Constitución aprobada en el 2002.

Así lo confirma la Ley No. 70-09 sobre las Necesidades de Reforma a la Constitución, en su considerando tercero que establece: “que las reformas constitucionales de los años 1994 y 2002, no respondieron a las expectativas ni a las necesidades institucionales demandadas por nuestro pueblo, quedando éstas limitadas a la revisión de los artículos 11, 23, 49, 52, 63, 64, 67, 68, 89, 90, 107, 121, 22, 123 y 124 de la Constitución de la República, y que, en consecuencia, las mismas no alcanzaron a llenar las aspiraciones de la sociedad”. Naturalmente, movido por esta consigna el presidente Leonel Fernández, mediante el Decreto no. 323-06 de fecha del 3 de agosto del 2006, designó una comisión integrada por algunos de los más prolíferos juristas- constitucionalistas de nuestro país para que redactarán un Proyecto de Reforma Constitucional, que luego sería consultado con todos los sectores de la sociedad, y así se hizo, mediante el Foro por la Reforma Constitucional “Mesa de Diálogo” que ocupó diversas Universidades de nuestro país al final del año 2008.

Por otro lado, una de las tantas necesidades que plantea la Ley No. 70-09 es de fortalecer e instaurar definitivamente el Estado de Derecho y el cumplimiento de la Ley en nuestro país. Para lograr dicho objetivo, infiero que, la necesidad de fortalecer el Poder Judicial Dominicano es la vía directa para acercarse a dicha consecución. Dicho Poder se ha visto nutrido, tanto en el Anteproyecto de Reforma Constitucional sometido por el Poder Ejecutivo, como el texto aprobado en primera lectura por la Asamblea Revisora, de una gama de nuevas figuras jurídicas que pretenden servir al propósito de garantizar el libre acceso a la justicia por parte de todos y todas y dinamizar la institucionalización de este Poder  en nuestro país.

No obstante, el proceso de modernización y reforma del Poder Judicial conlleva la continuidad de este proceso, razón por la cual, la dinámica funcional de dicho Poder se ha visto aumentada considerablemente, en el texto constitucional aprobado por la Asamblea Nacional Revisora, que no se han visto limitadas a la superficialidad del numeral 44 del artículo 3 de la Ley No. 70-09 que establece: “Reorganizar y conocer todo lo relativo al Poder Judicial”.

En ese sentido, de manera general, las modificaciones realizadas al Poder Judicial Dominicano a la actual Carta Magna, y en realidad a toda la composición de la misma, devendrán en una Constitución totalmente nueva. Esto no es una sorpresa, en lo particular, debido a que ya se encontraba consignado en el artículo 4 de la  ley anteriormente citada, el cual se refiere a la necesidad de modificación desde el artículo 1 al 122, que prácticamente son los que integran todo el texto Constitucional. En ese sentido, la consigna fundamental de la Reforma es pues, concebir un texto acorde con el Estado de derecho y lo que significa dicha modalidad, adaptando el texto a la modernidad y al estado actual  situacional de la sociedad dominicana, es decir, un texto progresista y coherente perteneciente a las diversos cambios en los ámbitos sociales, políticos, económico y culturales por los que ha atravesado la República Dominicana en los últimos años.

No obstante, dicha meta, en sentido general, no se ha podido cumplir. El nuevo texto es redundante, tedioso, complejo y peor aún restrictivo de muchos derechos y prerrogativas que se habían concedido a los dominicanos y dominicanas, en modificaciones constitucionales pasadas. El resultado final es un texto retrograda y lo que se avecinaba por ser un proyecto liberal, representativo y democrático, se ha convertido en un pedazo de papel más que conservador, concebido por dos o tres partidos o bloques políticos que se encuentran dirigiendo la Asamblea Revisora. Nuestros congresistas se han equivocado de vía. Precisamente, la meta se encuentra en el pasado pero no en función  de retrogradar lo conseguido, sino en la más que certera Constitución de 1963 y el mismo Proyecto de Constitución de nuestro patricio Juan Pablo Duarte. Constituciones que engloban todas las características generales que ha de tener una Constitución, que más sabiamente no pudo determinar el prolífero Eugenio María de Hostos: una Constitución debe ser general, precisa, concreta, breve, flexible y natural.

Tal como señalaba el Lic. Eduardo Jorge Prats en su obra Derecho Constitucional Volumen I, erróneamente las modificaciones constitucionales han propugnado por la consagración de ciertas instituciones y prerrogativas en sus textos, creyendo ciegamente quienes la promueven que, por encontrarse dentro de la Constitución, se cumplirán a cabalidad, cuando la realidad histórica dominicana ha reflejado lo contrario, dejando a la posteridad, un burdo programa sistemático, que intenta convertirse en Pacto Fundamental. En  esencia mi razonamiento recae en la idea de que reorganizar y pro-institucionalizar el Poder Judicial en el texto constitucional, no asegurará ni muchos menos, ser lo que dicho texto dispone. Todo lo contrario, la práctica jurisdiccional y jurisprudencial, el correcto funcionamiento de las instituciones judiciales así como también el desempeño de los jueces y los auxiliares de la justicia, garantizarán la protección y la tutela de los derechos y prerrogativas que nos conciernen.

De igual manera, tal como planteaba el Dr. Bernardo Fernández Pichardo, en su carta declinatoria como recién designado Juez de la Suprema Corte de Justicia por el Consejo Nacional de la Magistratura en 1997: el correcto ejercicio de la justicia y el buen desempeño del Poder Judicial, se hace indispensable la auténtica independencia de este Poder de los demás Poderes y sobre todo, de la influencia de los partidos políticos. ( Rivas Polanco 2000, 54). Si bien, en 11 años de Reforma y Modernización del Poder Judicial, se ha realizado una más que trascendente gestión por las autoridades judiciales, existen muchos cabos sueltos, lagunas profundas, sentencias más cuestionables, que representan el punto oscuro y la sombra que arrastra a sus cuestas el Poder Judicial Dominicano. No puedo negar, en ningún caso, que muchas disposiciones constitucionales como las que se han aprobado, ayudarán a dejar en el pasado a dicha sombra, pero entiendo que hubiera representando lo mismo si se hubieran hecho por disposiciones legislativas. De manera muy puntual, la creación del Tribunal Constitucional no garantiza una mejor interpretación constitucional; en la constitucionalización del Ministerio Público no recae las soluciones a los conflictos que atestan contra dicha figura jurídica; otórgale más poder y funcionarios a órganos no permanentes sólo traerá consigo el arraigo administrativo y el desinterés por ejercer las verdaderas funciones administrativas que le corresponden a los funcionarios públicos.

Finalmente, es evidente que el Poder Judicial Dominicano cursa una nueva etapa, y que a pesar de lo dicho, mucho más alentadora que en el pasado. El nuevo marco constitucional, la creación de nuevas figuras y la reiterada independencia y autonomía de dicho Poder resaltan el optimismo presente y la continuidad del mismo en el futuro para la consecución de la más sana justicia para nuestro pueblo.

Referencias bibliográficas:

  • Brea, Ramonina. 1995. Estado de situación de la democracia dominicana (1978-1992). Santo Domingo: Editora Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).
  • Comisión de Verificación y Auditoría. 2009. Texto de Reforma Constitucional aprobado en primera lectura con los hallazgos incluidos. Santo Domingo: Asamblea Nacional, Dpto. de Coordinación de Comisiones.
  • Comisión Permanente de Efemérides Patrias. 2006. Ideario de Duarte y su proyecto de Constitución. Santo Domingo: Editora Búho.
  • Congreso Nacional de la República Dominicana. 1927. Ley No. 821 del 21 de noviembre de 1927 de Organización Judicial. Santo Domingo: Gaceta Oficial 3921.
  • Congreso Nacional de la República Dominicana. 1997. Ley No. 169-97 que crea la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. Santo Domingo: Gaceta Oficial 9961.
  • Congreso Nacional de la República Dominicana. 1997. Ley No. 25-91 que crea la Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia y su modificación por la Ley No. 156-97. Santo Domingo: Gaceta Oficial 9959.
  • Congreso Nacional de la República Dominicana. 1998. Ley No. 327-98 de Carrera Judicial. Santo Domingo: Gaceta Oficial 9994.
  • Congreso Nacional de la República Dominicana. 2002. Constitución Política de la República Dominicana. Santo Domingo: Gaceta Oficial 10240.
  • Congreso Nacional de la República Dominicana. 2009. Ley No. 70-09 sobre la Necesidad de la Reforma de la Constitución. Santo Domingo: Gaceta Oficial 10512.
  • Jorge Prats, Eduardo. 2005. Derecho Constitucional Volumen I. Santo Domingo: Amigo del Hogar.
  • Ramírez Morillo, Belarmino. 2002. Derecho Constitucional: Guía para la enseñanza y el aprendizaje. Santo Domingo: Editora Diálogo.
  • Rivas Polanco, Mairení. 2000. Otra imagen del Poder Judicial Dominicano. Santo Domingo: Editora Corripio.
  • Vega, Wenceslao y Américo Moreta Castillo. 2005. Historia del Poder Judicial Dominicano. Santo Domingo: Editora Corripio.
  • Vega, Wenceslao. 2008. Historia del Derecho Dominicano. Santo Domingo: Amigo del Hogar.

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2 comentarios el “Del Poder Judicial Dominicano y la Reforma Constitucional

  1. crisme
    octubre 29, 2009

    yo digo k todo esta bien para mi osea sobre el poder judicial

  2. helyngarcia
    octubre 30, 2009

    los ultimos articulos de la constitución dominicana reformado en el periodo 20009

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